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No se trata de aprobar un texto ampuloso y farragoso, vacío y huérfano de reglas claras como la llamada ley de partidos Nº 29490, de 24 de diciembre del 2009, modificatoria de la 28094, sino de una ley que refleje la intención y voluntad de construir un sistema democrático sobre la base de verdaderos partidos políticos y no de simples agrupaciones nacidas del negocio que significa la recolección de determinado número de firmas de ciudadanos adherentes, generalmente capturados mediante la paga corruptora de sus interesados recolectores.
Los 36 artículos de los que consta la aludida ley vigente constituyen una burla, si bien hay algunos intentos constructivos, son tan débiles que por ser tales resultan negativos y reflejan la timidez o interés de sus autores que se han cuidado mucho de no legislar sobre bases sólidas, morales y democráticas. Es una ofensa, por ejemplo, que por todo requisito para formar, organizar e inscribir un partido, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se requiera únicamente la presentación de una relación de adherentes y un acta que contenga sólo cincuenta afiliados. No se consigna el sistema de elecciones primarias orientadas a determinar a los candidatos a las elecciones generales y que eliminarían, de un lado, la imposición de las cúpulas partidarias, y de otro, la eliminación del disociador y corruptor voto preferencial. Y si bien en el artículo 19º de dicha ley se establece el sistema de democracia interna para la elección de autoridades partidarias y candidatos, es un escándalo que dicha elección se supedite al estatuto y reglamento de los partidos, con lo que automáticamente se desnaturaliza el espíritu de la norma legal que impone la elección interna. No son los estatutos y los reglamentos de los partidos los que deben normar el sistema de elección interna, la que además debiera denominarse primaria. La ley debe ser imperativa y no subordinarse a normas partidarias, las que únicamente deben tener fines de procedimiento.
No está tampoco contemplada la prohibición de campañas publicitarias de los candidatos al Congreso, que debieran hallarse limitadas únicamente a los partidos, a fin de eliminar la feria de propuestas de cada aspirante a parlamentario como si se trataran de fórmulas diferentes y con las consiguientes inversiones de dinero, generalmente proveniente de extraños colaboradores. Una norma auténticamente democrática que igualmente ha sido eliminada es aquella que las campañas publicitarias de los planes de gobierno de los partidos debiera hacerse exclusivamente por intermedio de los medios de información proporcionados por el Estado, a fin de evitar las sospechosas inversiones que corrompen y también la influencia mercantilista de los medios de comunicación que suelen inclinar sus páginas y pantallas en razón directa del dinero que reciben.
Si los partidos políticos se hallan desprestigiados y por tanto reducidos a cúpulas de familias que los manejan, se debe precisamente, de un lado, a la existencia de normas constitucionales como la del artículo 31º de la Constitución elaborada por la dictadura del decenio 1990-2000 y, de otro, a la carencia de una verdadera y democrática ley orgánica de partidos. Desgraciadamente, la corrupción política se ha impuesto de manera casi general, por lo tanto nos encontramos en un círculo vicioso: el país requiere de la práctica de una política sana y constructiva, pero los poderosos intereses económicos que han convertido a la ciencia política en un negocio no permitirán jamás que se adopten medidas como las propuestas y anheladas por la ciudadanía, la que mientras tanto continuará siendo arrastrada por mafias electoreras.
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