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Curiosamente, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales están alimentando una peligrosa falacia en la opinión ciudadana, al hacer creer que con una mayor valla para la inscripción de agrupaciones ya solucionaron el problema. ¿Qué entienden por partidos políticos? ¿Acaso sólo el hecho de llenar planillas con adherentes contratados por expertos recolectores de firmas alquiladas? Claro está que también la ONPE se ve favorecida con el incremento de sus ingresos producto de la venta de cientos de miles de kits. Hace poco ha anunciado que sólo en el último semestre del año 2011 han sido adquiridos sesenta y cuatro (64) kits electorales para constituir nuevos “partidos”, para los que a razón de 493,992 firmas requeridas para cada agrupación necesitarán de más de veintinueve millones de adherentes firmantes, es decir, más del doble de los electores peruanos hábiles. ¿Cómo resolver este problema aritmético? ¿O es que cada elector puede firmar más de una planilla sin incurrir en ilicitud?
El problema no sólo radica en cuestión de números sino en la falacia que significa calificar de partidos políticos a ciertos grupos amorfos de personas atraídas por aventureros embaucadores que se juntan en cualquier bodega de la esquina con fines de negocios oscuros, pues no es ya un secreto que el objetivo es comercializar los padrones firmados para ponerlos en subasta entre los candidatos aspirantes a ocupar cargos en los poderes públicos. No se sabe si candorosamente o a sabiendas, las autoridades electorales creen que elevando de 164 mil firmas, requeridas anteriormente, a 493,992 ya resolvieron el problema. ¿Acaso no se sabe que los traficantes de este nuevo negocio solucionan el problema comprando firmas aunque fueren duplicadas, porque están seguros de que en la ONPE será permitido el chanchullo?
Lo plausible sería que el Jurado de Elecciones y la ONPE propongan la reforma de la antidemocrática y maliciosa norma 31ª de la Constitución, evidentemente propiciadora de la degradación política al no establecer como parámetro indispensable que los ciudadanos para tener derecho a ser elegidos deben pertenecer obligatoriamente a partidos políticos, es decir a instituciones entendidas en el correcto sentido de la acepción, sujetas, en rigor, a una ley general y orgánica de Partidos. Se dirá que dicha ley ya existe, pero es una farsa, porque no contiene las disposiciones democráticas exigibles, se trata de un instrumento que favorece a la informalidad, a la inmoralidad y al descrédito institucional, permite la proliferación de grupos a los que burlonamente se les denomina partidos. Ocurre así, que el Perú es el país del sainete político, donde en cada elección surgen “partidos” organizados con mayor facilidad que para organizar equipitos de fútbol de barrio. En una sociedad civilizada y con cultura política no pueden funcionar más de dos o tres partidos, tal como acontece en las sociedades cívicamente avanzadas, pero lamentablemente hay la sospecha de que se quisiera seguir acariciando la funesta herencia dejada por la dictadura del decenio de 1990-2000.
Un partido político es una institución del más alto nivel que debe ser organizado de acuerdo con el Código Civil y con una auténtica ley de partidos y cuya escritura pública de constitución inscrita en los Registros Públicos contenga un estatuto con la nómina legalizada de sus dirigentes, de un número determinado de militantes sujetos a aportaciones, plan de gobierno y la acreditación de comités partidarios en por lo menos el cincuenta por ciento de las regiones del país, igualmente acreditados legalmente, pues porque la ciencia política no puede ser desprestigiada de la manera como ha degenerado en el Perú, convertida en una suerte de aventura mercantilista.
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