Héctor Vargas Haya .:. Página Oficial .:. Editorial ROCÍO .:. Telf. 2438600

Indudablemente, el Perú se caracteriza por ser uno de los países del mundo donde sus políticos exhiben la mayor proclividad a enajenar las propiedades del Estado y enriquecerse forjando patrimonios sobre la base de los bienes y recursos públicos. Ya casi no es dueño de nada. Si Leguía  entregó los yacimientos de petróleo a la Standard Oil Company, Echenique, Piérola, Manuel, Prado, Benavides y otros lo hicieron con el salitre, el guano, el caucho y el territorio de la Patria enajenado a pedazos a favor de los vecinos. Actualmente se llevan las palmas los gobiernos de Alberto Fujimori y Alan García Pérez, aficionados a vender arbitraria e ilícitamente los bienes públicos.

Fujimori vendió 228 empresas públicas, entre ellas, gran parte importante de  PETROPERÚ, las instalacio­nes y servicios de producción y uso de hidrocarburos. Luego AE­ROPERÚ, SIDERPERÚ, ELECTROPERÚ, PESCAPERÚ, HIERROPERÚ, ELECTRO­PERÚ, ELECTROLIMA, ELECTRO NORTE, ELECTRO NORESTE, ELECTRO NORTE MEDIO, ELECTRO CENTRO, ELECTRO SUR MEDIO, EDELSUR, EDELNORTE, EDEGEL, SOLGAS, Matarani, la Compañía de Teléfonos, la Transoceánica o buques tanques, las haciendas azucareras y decenas más. En dichas         ope­raciones se han dado casi todas las figuras delictivas consignadas en el título de los delitos contra la administración pública: colusión, peculado, mal­versación, cohecho, corrupción de funcionarios, patrocinio ilegal, negociación incompatible, abuso de autoridad, encubrimiento y otras formas de delitos económicos y financieros, y por supuesto,  enriquecimiento ilícito, tal como aparece en las conclusiones del informe de la Comisión Parlamentaria Investigadora que presidió el parlamentario Javier Diez Canseco, desgraciadamente archivado..

La venta de dichas empresas, no obstante su malbaratamiento, generó un ingreso de 9,221 millones de dólares, pero sólo ingresaron al Tesoro Público 6,993 millones. Nadie da razón del resto. La Comisión sostuvo que el monto real de las ventas pudo haber sido mu­cho mayor, si es que no se las hubiera depreciado maliciosamente. Además, el Estado gastó 1,460 millones de dólares a fin de transferirlas libres de deudas, incluyendo las tributarias y también se estipularon cláusulas lesivas a la masa trabajadora, como la racionalización del personal, despidos intempestivos sin compensaciones bajo la forma de retiros “voluntarios”.

La corrupción brota del gasto sin control de 4,880 millones de dólares, de los que destinó 989 millones de dólares en la compra de armamentos sin licitación, y 1,237 millones en el pago de la deuda externa. Fueron transferidos 2,257 millones de dólares al Fondo Nacional de Ahorro Público y al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales destinados a cubrir las deudas del Esta­do y los costes de la privatización del sistema de pensiones. Finalmente fueron devueltos a los nuevos dueños de las empresas privatizadas,158 millones de dólares. En tan irregulares operaciones hubo una fuga de 2,227 millones de dólares ante el aplauso de la Cámara de Comercio de Lima, la Federación de Cámaras de Comercio del Perú, la CONFIEP, la Asociación de Exportadores, ADEX, universidades, colegios profesionales y hasta de los propios partidos políticos. A partir de 1997, se inició el dispendio en los sun­tuosos preparativos electorales del tercer periodo de Fujimori.

A su turno, el gobierno aprista de García Pérez ha continuado la tarea de enajenar el patrimonio del Estado, siguiendo las mismas modalidades. Y como ya no existían muchas empresas públicas que vender, comenzó proyectando la lotización de la Amazonía lo que ocasionó la masiva protesta de las comunidades amazónicas. Luego, la fallida venta de las áreas contiguas a la sede del Ejército, frustrada gracias a la decidida intervención de los habitantes de las zonas aledañas y de la opinión pública. Igualmente, la venta de sospechosas connotaciones de los terrenos e instalaciones de Collique, un tradicional aeródromo destinado a la aviación civil, y que además, no admite enajenación alguna.  por cuanto su adquisición la hizo el pueblo mediante una patriótica colecta pública, con motivo del conflicto de 1941, cuyo único objetivo fue el funcionamiento de la Escuela de Aviación Civil. Pero el equipo de Alan García, sin miramiento alguno, ha perpetrado el atentado con el agregado escandaloso de haber valorizado el metro cuadrado a razón de 30 dólares de un bien cuyo valor real sobrepasa los 100 dólares para entregárselo a una firma peruano-chilena. También pretendió vender los terrenos del tradicional Puericultorio  Pérez Araníbar. Quedó en lista de espera el remate del local del cuartel San Martín, y en oferta los puertos marítimos y fluviales de todo el país.

La tendencia antipatriótica de vender los bienes del Estado resulta así una conducta enfermiza que impulsa a sus autores a actuar prepotentemente, sin tasa ni medida, en una evidente intención de construir fortunas personales gozando de la más escandalosa impunidad.

Comentarios (3)

carmen said:

	... felicitaciones doctor porque nos da esos articulos que nos ilustran y nos refresca la memoria, ante tana corrupcion de fujimori y garcia, pero el pueblo ignorante los premia eligiendolos
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noviembre 06, 2011
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carmen said:

	... me gusto el articulo
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noviembre 06, 2011
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Geraldine ccoicca vargas said:

	... este tema es muy interesante y ilustrativo mas para los jovenes como yo que todavia no tenemos nociones de lo que es el peru, gracias por hacernos ver la verdadera realidad, gracias por eso. x)
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diciembre 16, 2011
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