Miércoles, 24 Agosto 2016

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¿PUEDE SER DISUELTO EL CONGRESO?

Es inevitable que la pregunta sorprenda a los lectores, pero constitucionalmente sí es posible si se cumplen los requisitos señalados en el artículo 134º de la Constitución Política y si se dieran las necesarias condiciones requeridas por el país. Prescribe la norma constitucional en vigencia, que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste  ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, pero al mismo tiempo obliga a la convocatoria para un nuevo Congreso. También la Constitución de 1979 contenía esta facultad en su artículo 227º, con la única diferencia que para la disolución se requería que el Congreso censurara o negara su confianza a tres Consejos de Ministros.

Se sostendrá que el Congreso se cuidará de no censurar a dos Gabinetes Ministeriales y ni siquiera a uno solo, talvez a uno que otro ministro, para no dar motivo a su disolución. Mas como para siete vicios hay siete virtudes, nada le podría costar al Presidente de la República provocar una y otra censura si es que se dieran las condiciones para ello. Por ejemplo, tratándose de llevar a cabo reformas constitucionales vitales contra las que la mayoría congresal estuviera en desacuerdo, será fácil al Poder Ejecutivo, a tiempo de proponer una reforma, hacer de ella cuestión de confianza. En este caso, la disyuntiva del Congreso será conceder la confianza o negarla. Si la concede se verá sometido y vencido, y si en cambio le niega la confianza solicitada, lo que equivale a la censura, el gabinete en pleno deberá renunciar.

Instalado el nuevo Consejo de Ministros, el Presidente de la República que requiere de la aprobación de sus reformas, repite la misma actitud anterior, y frente a ella el Congreso tiene que optar por una de los dos extremos: o se allana y le confiere confianza o de nuevo se la niega y por tanto censura al segundo Gabinete. En este caso se habrán dado las condiciones inexorables para la disolución constitucional del Congreso.

Evidentemente, la facultad de disolver el Parlamento ha sido considerada a fin de evitar que una mayoría opositora hiciera imposible llevar a cabo su programa al gobierno de turno mediante las reformas consideradas indispensables. La iniciativa en cuestión en la Carta de 1979 nació de la bancada del Partido Popular Cristiano que hacía mayoría con los grupos de la izquierda, según ellos para hacer viable la gobernabilidad, sin embargo, durante más de treinta años transcurridos, jamás ha sido puesta en práctica tal facultad presidencial, que sin duda se halla en todo su vigor. Claro está que cuando un gobierno cuenta con mayoría parlamentaria, la facultad de disolución del Congreso deja de tener importancia. En las circunstancias actuales, 2011, el gobierno carece de esa mayoría y sólo, le queda concertar voluntades. En estas condiciones ¿Será una Espada de Damocles la norma que faculta la disolución del Congreso?

Es dudoso que la actual representación congresal se resigne a ser disuelta y, en consecuencia, es más factible que acepte otorgar el voto de confianza al Presidente de la República cuando lo solicite a favor de alguna reforma antes que verse en situación tan complicada, a lo más podrá censurar a un Gabinete, pero no al segundo, y entonces el Gobierno podrá asegurar las reformas que requiera.

Está claro que la medida constitucional en referencia fue muy calculada en el régimen de la década de 1990, curiosamente hoy, la bancada congresal fujimorista en la oposición tendrá que hacer honor a dicho mandato constitucional, y en consecuencia, o se aviene a prestar su colaboración o se resigna a lo contrario. Ahora tiene que beber de su propia pócima.

 

 

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