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Es un disparate establecer la disyuntiva entre liberalismo y democracia porque ambos conceptos pueden convivir perfectamente y en consecuencia, no son incompatibles. El liberalismo es tan sólo un sistema económico de mercado y no ideológico, porque puede funcionar de acuerdo con los principios democráticos que además de suponer libertad económica, también lo es política y puede permitir inclusión, igualdad de derechos, justicia y paz social. Todo depende del modelo político practicado por un gobierno auténticamente democrático que se instale para dirigir los destinos de una nación. En la meca del más declarado practicante del liberalismo económico, como los Estados Unidos, así como en las grandes potencias con similar sistema, la distancia que separa a los ricos de los pobres no es tan marcada y abismal como en países subdesarrollados, donde parecería que sus gestores resultan más papìstas que el Papa. Y es que en una sociedad en desarrollo como la del Perú ha surgido un modelo que se conoce como neoliberalismo, es decir, un sistema con visos de explotación de tipo feudal. La brecha existente entre las clases pudientes y las paupérrimas son profundas, las fortunas se acumulan en pocas manos de sectores exclusivos premunidos de privilegios, curiosamente establecidos legalmente, entre tanto, en el otro extremo están las grandes masas ignorantes, pobres, desnutridas, sin salud ni seguridad social.
Lo contrario, en extremo, al liberalismo económico es la economía dirigida y controlada por el Estado, es decir una suerte de socialismo o totalitarismo político, pero, igualmente, en ambos casos se pueden dar dictaduras o tiranías. La democracia no admite ni la explotación del hombre por el hombre, que es lo que caracteriza a los modelos neoliberales sin rostro humano, y la explotación del hombre por el Estado, característica del totalitarismo representado en sus diversas facetas ideológicas. De ahí que no puede calificarse de democrático a todo sistema político que admita la explotación del ser humano bajo el pretexto del llamado crecimiento económico, o sea la multiplicación de inversiones, que instituya la exclusión y la semiesclavitud aunque se derive de procesos electorales.
Entonces, bienvenidos los capitales nacionales y extranjeros, bienvenidas las inversiones en todos los campos, pero con respeto de las leyes y de las normas orientadas a eliminar todo tipo de exclusión social- Tienen que estar sujetos a la capacidad reguladora –no interventora- del Estado que no puede permanecer como un ente displicente, con las manos atadas cuya tarea se reduzca sólo a la de un observador pasivo y resignado de lo que decidan los grupos del poder económico acostumbrados a gobernar desde la sombra y convertir a los gobiernos que se instalan en una especie de mayordomos. No debe el Estado limitarse a ser un simple administrador de la pobreza y la injusticia. Le corresponde intervenir en todas las áreas donde el capital privado no se anima a transitar por no ser rentables pero que sí son de necesidad pública a favor de los sectores no favorecidos, como el aprovechamiento de ciertos recursos naturales o la intercomunicación entre aquellas poblaciones aisladas adonde no llegan las naves aéreas, por ejemplo. El Estado no puede permanecer impasible sólo como testigo de cómo el capital privado selecciona los campos donde debe actuar de acuerdo con sus intereses legítimos, porque su obligación es suplir las deficiencias con su presencia aunque las inversiones no sean rentables en términos de utilidades pecuniarias. La paz social es sólo posible cuando hay justicia, y una nación es grande en la que sus habitantes puedan sentirse orgullosos de la patria que los cobija cuando se sientan seguros de que todos viven con dignidad.
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