Héctor Vargas Haya .:. Página Oficial .:. Editorial ROCÍO .:. Telf. 2438600

Actualmente las instituciones militares no necesitan recurrir a la amenaza de las insurrecciones y asonadas a las que estuvieron acostumbradas, especialmente en países subdesarrollados como el Perú, para tener preponderancia en los asuntos públicos del Estado. El pretexto de mayor fuerza del que disponen en la actualidad es el fantasma que suponen la “defensa nacional”, es decir la guerra ya inviable en estos tiempos, pero utilizada como una suerte de cuco con el que inducen a los gobiernos a realizar millonarias inversiones en la adquisición de armamentos, cuyas transacciones no siempre virtuosas, generan la percepción de suculentas comisiones a favor de los encargados en esos  trámites no siempre cristalinos.

        La guerra imaginaria estimulada por poderosos intereses económicos provenientes, precisamente de las potencias desarrolladas productoras de material bélico, es ahora el mayor detonante para que los altos mandos militares, no sólo tengan voz sino poder de decisión en las administraciones gobernantes de los países compradores. Al hacerlo no trepidan en el dramático daño que ocasionan a millones de seres humanos que perecen víctimas del hambre. Y penosamente los tímidos gobiernos dominados por la lacra de la corrupción se someten, con docilidad, a la tiranía de adquirir tanques, submarinos, aviones de guerra, fusiles y misiles, totalmente innecesarios, en vez de alimentar, de educar y prestar seguridad social al pueblo mayoritariamente olvidado y desprotegido de ese mayor flagelo que es la pobreza.

       Bajo el criterio trasnochado, pero de gran repercusión moral, de considerar secretos de Estado a los asuntos militares, nadie se atreve a pedirles cuentas a las instituciones armadas. No transitan por el camino de la indispensable fiscalización ni el Congreso ni el Poder Judicial, menos el Presidente de la República, y no lo hacen por el temor a ser acusados de traidores a la Patria. Se convierte así, el tan mentado secreto militar, en una suerte de tabú, que no es otra cosa que un blindaje a la corrupción, pues, además, dado el gran avance tecnológico de las informaciones ya nada es secreto en estos tiempos.

       Importa poco o nada que la Constitución Política establezca que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, porque mediante la vía del trasgo bélico y la necedad de no ser menos fuertes que los vecinos en materia de armamentismo, imponen a los gobiernos civiles a acatar, sin dudas ni murmuraciones, la obligación improrrogable de destinar miles de millones de dólares para equipar y modernizar frecuentemente el llamado poderío militar. ¿Deliberantes para qué si gozan del mejor instrumento para el logro de sus objetivos?

            Desgraciadamente el cuco de una guerra imaginaria se halla asociada a la codicia a los intereses mercantiles de los fabricantes de armas y también de los compradores, lo que genera la apertura del fácil  camino hacia el enriquecimiento ilícito, para lo que el “secreto militar” resulta ser en un terreno blindado y minado, donde nadie puede transitar. Por tanto es poco menos que imposible descubrir la existencia de ilicitudes, aun cuando se hallen a la vista los signos exteriores de riqueza que los jueces e investigadores –con algunas excepciones- se resisten escudriñar, no tanto por temor reverencial sino por instinto de conservación que supone curarse en salud, a fin de que los actos de investigación de los fiscalizadores no les reviertan a manera de bumerang en una sociedad donde impera una lastimosa suerte de cultura de corrupción e impunidad.

            Y si queremos abundar en otras demostraciones adicionales de ese poder fáctico no necesitamos de mucho esfuerzo para identificar a las enormes diferencias existentes en el trato que los gobiernos confieren a los integrantes de las instituciones armadas. Así bajo el manido concepto de la famosa “seguridad y defensa nacional” les privilegian con todo cuanto no gozan, en igualdad de condiciones ni mucho menos, millones de seres que conforman las clases civiles empobrecidas y que no disponen de colegios ni de hospitales ni de clínicas privadas exclusivos ni de villas o zonas residenciales, ni de vehículos del Estado ni de seguridad, ni de pensiones con cédula viva ni de vehículos ni de choferes y mayordomos de por vida, etc.

            El poder fáctico de dichas instituciones se halla pues a la vista y en plena vigencia, desde luego, alimentado por las grandes potencias económicas del mundo y de las insuperables empresas transnacionales que han encontrado en el militarismo y en los gobiernos sumisos, a sus mejores asociados.

Comentarios (1)

GONZALO BOLUARTE said:

... Sería bueno que el autor nos diga en que fecha escribió este artículo, porque no corresponde a la realidad actual. Actualmente las FFAA del Perú están casi desarmadas y con material de guerra obsoleto. Si tuviéramos una guerra con Bolivia, el resultado sería de pronóstico reservado. Creo que el poder real está en el gobierno y en el congreso. Sus funcionarios son los mejores remunerados de sudamérica, gozando de privilegios (16 sueldos y gastos operativos) que ningún otro funcionario del Estado goza. Ahora, si de "suculentas comisiones" se trata, ¿qué hubo de la reventa de 14 aviones Mirage en el primer gobierno de Alan García? Esa fue una decisión del gobierno civil de turno sin la anuencia de loa altos mandos militares. Hace años que la contraloría entró en las FFAA. Creo que el artículo está desfasado en el tiempo. El desarme de la las FFAA de latinoamérica (Salvo Brasil y Chile) está dentro de los planes de los EEUU.

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noviembre 02, 2010
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