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Si en alguna remota ocasión se utilizó la frase “vale un Perú”, sin duda fue porque se pensó en El Dorado, expresión con la que se identificaba a un país donde el oro se hallaba a flor de tierra y los recursos amazónicas ofrecían al mundo un emporio de riquezas, por las que el sabio Raimondi, exclamara que el “Perú era un mendigo sentado en un banco de oro”. Transcurridos 189 años desde el inicio de la República, aquel mendigo continúa en el mismo banco.
El Perú es escenario de una población dividida entre unos pocos ricos y una mayoría sumida en la pobreza, en el caos, la violencia, la corrupción y la impunidad. No hay instituciones sólidas ni poderes autónomos, sólo uno investido de omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Por el palacio de gobierno han transitado emuladores de Piscístrato, adulador de la plebe, preocupados sólo en conquistar poder político y económico.
Transcurridos, apenas, poco más de veinte años desde la Declaratoria de la Independencia, ya se había puesto en vigencia cinco constituciones, incluidos el Reglamento Provisional de 1821, el Estatuto Provisional de 1822, Bases de la Constitución de 1823, la de 1826 y la Vitalicia de 1828, hasta hoy, Más de veinte Constituciones acusan la informalidad política, y se reclama una más, como si se tratara de volantes de circo, talvez por eso nadie las respeta. Se han sucedido unos 80 gobiernos, la mayoría de militares insurrectos, con un precario promedio de poco más de dos años. Víctima de desorganización pese a su sempiterna existencia, en el Perú sólo funciona el poder central, económico, virreinal, autárquico, atornillado en Lima, la única capital del mundo situada en la playa y de espaldas a la Nación que concentra más del tercio de la población. De sus ocho millones de habitantes, dos millones viven en estado de miseria, sin luz, sin agua ni desagüe. El cincuenta por ciento del resto del país, aún busca solucionar problemas primarios.
Tras la corrupción y la impunidad en las altas esferas oficiales, el país es azotado por una pavorosa inseguridad ciudadana, asaltos, muertes en las pistas, criminales relaves mineros, adulteración de alimentos, medicinas y bebidas; tragedias naturales por falta de previsión, falsificación de licencias, pólizas, pasaportes, documentos de identidad, partidas de nacimiento y hasta títulos y certificados de estudios, etc. Campean la mentira, la sisa, la estafa, el soborno, el contrabando, el narcotráfico, la incineración de archivos y documentos de las dependencias públicas, el Tráfico de tierras, alimentos, medicinas, combustibles, uniformes y ranchos en las dependencias castrenses; quiebras de cajas de pensiones, en una suerte de compulsión hacia el delito. Las penosas respuestas son “estamos en el Perú”, “así somos”, a “esto nadie lo compone”. Y hasta se exporta delincuencia a diversos países donde organizan sociedades para el delito aprovechando de la hospitalidad recibida.
Desde que San Martín advirtió que el Perú podría ser devorado por la anarquía, el caos y la corrupción pasaron a ser un estilo de vida. Los valores por los suelos, a punto tal que hasta se rinde honores a ladrones y traidores, que traficaron con la Hacienda Pública: el salitre, el guano, el caucho, el petróleo, los minerales y hasta con el propio territorio que lo retacearon para negociar con los vecinos. Desde Rufino Echenique, el de la “orgía presupuestal”, que saqueó el Erario, negoció con los bonos de la deuda y vendió el Tesoro Público para enriquecer a su familia y sus amigos, hasta hoy no hay forma de contener la escalada de degradación moral que azota a la población peruana. El desorden se reflejaba en los dispendios fiscales, el boato y la corrupción. Ya no existían las sanciones instauradas por Bolívar, quien llegó a implantar la pena de muerte contra los que se enriquecían ilícitamente.
Fue dilapidada la riqueza guanera acumulada durante siglos en las islas de Lobos, en Piura; Lobos de Tierra, en Lambayeque; Lobos de Afuera, en Etén; Malabrigo y las islas de Cauañape, en Trujillo; las islas del Terror y del Santa; las de Martín de Mazorca y Pelado en Huacho; Pescadores y Ancón, en Lima; Hormigas, en el Callao; las tres islas de Chincha, y muchas otras en el Sur. Este recurso sirvió como fuente de fortunas particulares, y con el fin de cubrir empréstitos, desequilibrios presupuestarios y financiar obras públicas fueron suscritos contratos lesivos con empresas europeas que imponían condiciones desventajosas, con las sociedades: Quiroz-Allier; las francesas: Puymirol, Poumaroux; las inglesas: Gibbs y Crawley, Montagne, entre otras.
La deuda externa había crecido incontenible no obstante la gran demanda de ese recurso, pero funcionaba el monopolio de la empresa Gibbs. Con el pretexto de liquidar la deuda externa se emitieron bonos, indiscriminadamente, a favor de especuladores que lograron incalculables beneficios con su conversión en el mercado. Los contratos firmados con la Casa Gibbs, contribuyeron con la extinción del guano sin que el país solucionara sus problemas, mientras las castas dominantes forjaban sus fortunas.
Leguía entregó el petróleo y se traficó con el caucho, dejando en el olvido al departamento productor, por tal razón en Loreto se produjeron actos revolucionarios que culminaron en la instalación del primer Estado Federal, la primera, en 1895, con Ricardo Seminario y José M. Madueño, con sede en Iquitos, y la segunda, en 1922, con Guillermo Cervantes, hasta con moneda propia. Ambos gobiernos fueron doblegados por el Ejército.
Sostiene Jorge Basadre, en su libro, Sultanismo, Corrupción y Dependencia en el Perú Republicano, que como consecuencia de la descomposición moral desencadenada en los años posteriores a la Declaración de la Independencia, se produjo un periodo de rápido enriquecimiento de los favorecidos con la consolidación de la deuda externa, entre 1851 y 1853, y que el boato de un pequeño grupo de enriquecidos al margen de la ley escandalizó a una sociedad, todavía, hondamente tradicionalista. Y denuncia que “centenares de millones de pesos en valores de ese recurso habían pasado por las manos de los consignatarios Gibbs, convertidos en opulentos, en Londres, dejando en la miseria a miles de peruanos. Las masas rurales de la Sierra, quedaron empobrecidas como mano de obra servil en los dominios agrícolas u optaron por la emigración. Y si bien se pusieron en marcha obras públicas, éstas sirvieron para el robo al haber sido ejecutadas sin control y sobre valoradas. “Los enriquecimientos en los finales de la década de los 860 y en la de los 870, con las dispendiosas leyes sobre obras públicas o ferrocarriles y con la expropiación de salitreras, generaron fortunas sin control” y “en algunos salones de Lima entonces sólo se recibía a gente rica y además con linaje...”. y “que el nivel de las grandes fortunas se había elevado rápidamente y surgieron grupos de poder como los Fernandini, Rizo Patrón, Proaño, Osma y otros”
Una dramática desolación fue causada por las luchas intestinas y los desastres gubernamentales de Juan C. Torrico y Manuel Ignacio Vivanco, sucedidos por los llamados gobiernos efímeros. Manuel Menéndez asumió la presidencia el 7 de octubre de 1844 por renuncia de Justo Figuerola y al encontrar un cuadro desolador de inmoralidad administrativa con los irreparables desastres ocasionados por las cruentas guerras civiles, denunció que durante el desastre de los sucesivos gobiernos anteriores, especialmente de Torrico y de Vivanco, había crecido el número de jefes y oficiales militares que descaradamente eran los únicos que cobraban sueldos, basados en el hecho de vestir uniforme y haber servido a una asonada e traicionando a la patria. Fue de tal magnitud la anarquía que los empleados públicos eran cesados sin explicación, nombraban a otros y concedían pensiones de cesantía y jubilación a discreción, con favoritismos de elevación del sueldo y mayor jerarquía, a tiempo de solicitar la reducción del ejército porque no había como sostenerlo. El detrimento de las rentas fiscales se debió, en gran parte, al robo. El desastre continuó durante los gobiernos que se sucedieron hasta 1845, especialmente bajo las administraciones de Torrico y de Vivanco. El historiador alemán, Ernest W. Middendorf en su libro “Perú”, sostiene que todos los inconvenientes pudieron haber sido salvados, pero resultaba desconsolador imaginar todo lo que un gobierno inteligente y desinteresado hubiera podido realizar con los cientos de millones que afluyeron al país.
Durante el gobierno de José Antonio Pezet se firmó el otro baldón llamado tratado Vivanco-Pareja, que al haber hipotecado las islas guaneras, casi se produjo el retorno de la Colonia Española, de no haber sido por la acción del gobierno del patriota Mariano Ignacio Prado, vencedor del Combate del 2 de Mayo de 1866.
Y en momentos en los que el demócrata, Manuel Pardo, primer presidente civil, debía asumir la presidencia en el 2 de agosto de 1872, cuatro bárbaros coroneles, los hermanos Gutiérrez, irrumpieron mediante una criminal asonada que terminó con el asesinato a mansalva del presidente José Balta y la consiguiente persecución a Pardo para que no asumiera el cargo para el que había sido electo. Entonces surgió la señera intervención de Miguel Grau, comandante del Huáscar, en el que dio asilo a Pardo en resguardo de su integridad física, y pronunció la histórica proclama mediante la que condenaba la antipatriótica actitud de dichos coroneles golpistas y la tragedia de ver “ensartadas las leyes por las bayonetas”. Y como se sabe, los coroneles Tomás Gutiérrez y sus hermanos Silvestre, Marcelino y Marceliano, fueron apresados y linchados en la Plaza Principal de Lima, en una noche de carnaval de sangre.
Por su parte, Piérola, socio de la Casa Dreyfus, firmante del escandaloso contrato, como ministro de Hacienda de Balta, para evitar la acusación constitucional por corrupción, que el presidente Mariano Ignacio Prado le había instaurado en 1879, le dio un artero golpe de Estado haciéndole víctima de una infamia, con la que se ensebaron los corruptos seguidores de Piérola.. Luego ocasionó el desastre en la guerra con Chile, porque, asociado con el general Miguel Iglesias, ambos se entregaron al comando chileno del general Patricio Lynch, a condición de perseguir a Cáceres, único defensor de la Patria. Ese mismo Piérola, que bloqueó el transporte de los armamentos desde Inglaterra hacia el Perú, fue quien, poco antes del desastre de Miraflores fugó a la Sierra por Cantogrande acompañado del capitán de Navío Aurelio García García, el coronel Juan Martín Echenique, otros cincuenta oficiales desde coroneles hasta suboficiales, mientras el general Iglesias se refugiaba en su hacienda de Udima. Piérola y Echenique, con la venia del ejército chileno instalaron en Lima, el 12 de marzo de 1881, el gobierno provisorio, presidido por Francisco García Calderón quien mantuvo al ejército de ocupación con el presupuesto fiscal peruano. Durante un año..
Vergonzosamente, su socio el general Miguel Iglesias sucedió a Piérola en el poder, el 30 de Diciembre de 1882, designado por una mayoría de parlamentarios pierolistas. “Presidente Regenerador”. Fue el autor del Grito de Montán, que acariciaba reposar en los brazos “amigos” del ejército chileno, a cambio de eliminar a Cáceres y a Lizardo Montero y allanar el camino para la firma del Tratado de Ancón. Iglesias se fortaleció con la ayuda chilena y la derrota de Cáceres en Huamachuco y el avance de las tropas chilenas hasta Arequipa, a la que obligaron a rendirse y ser declarada “Ciudad Abierta”, por el alcalde Armando de la Puente, el 29 de octubre de 1883.
Después de los desastres originados por Leguía, ya referidos, su proclividad a retacear el territorio peruano y firmar tratados entreguistas, a partir del primer cuarto del siglo XX, no se quedaron atrás en materia de actos de felonía, Oscar R. Benavides y Manuel Prado Ugarteche, el primero que en 1933 volvió a entregar Leticia a Colombia, después de asesinar a Sánchez Cerro, y el segundo, Manuel Prado, que en 1941 convirtió al Ecuador en país amazónico al obsequiarle más de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio mediante el baldón del llamado Protocolo de Paz de Río de Janeiro. La oscura historia continuó con similares estilos, con Odría y Velasco, que encabezaron odiosas tiranías con todas sus secuelas ya conocidas.
Finalmente, una de las más corruptas administraciones durante el decenio de Alberto Fujimori, terminó firmando en secreto el llamado Tratado de Paz de Comercio y Navegación en el Amazonas, cediendo enclaves frente a Iquitos que amenazan la soberanía la paz nacionales. Pero no sólo eso, sino que dejó a su asociado político y de malas artes, al gobierno de Alan García, el que como su antecesor en 1985-90 fijó las bases de una galopante corrupción pública y de desgobierno, para luego facilitarle la asunción al poder en 1990 y convertirse en su fiel asociado. Los resultados funestos de esa escuela y ese contubernio ya los conocemos a plenitud, porque se hallan a la vista, sin que se vislumbre en el horizonte alguna, muestras de recomposición de la descompuesta sociedad política peruana.
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