Quizá no sea yo el indicado para formular esta pregunta, por haber presidido, hace cuarenta y dos años, la primera Comisión Parlamentaria para investigar los delitos de contrabando, defraudación de rentas de aduana y delitos conexos. Se recuerda que por primera vez se logró imponer condenas ejemplares por el Poder Judicial, contra prominentes personajes públicos de los poderes del Estado y de instituciones claves de la República. Fue una comisión singular y que en verdad cumplió sus objetivos, aparte de que fue la única de su género, pues en aquella época no proliferaban ese tipo de comisiones como acontece en nuestros días.
En los últimos veinticinco años, he perdido la cuenta de las numerosas comisiones parlamentarias investigadoras que han sido nombradas en el Congreso, por decenas, y que después de instaladas con gran publicidad, silencian y desaparecen. Algunas han llegado a indefinidas conclusiones, muchas de ellas demasiado tímidas y sin respuesta en el Poder Judicial, por inconsistentes. Han sido tan vulgarizadas, tanto por su elevado número como su falta de trascendencia. Ya nadie las cree y poco es lo que esperan de ellas, salvo el mediático escándalo momentáneo, la figuración y la fotografía, cuando no el placer de ciertas prácticas de venganza o logro de beneficios personales oscuros.
Antaño, las muy pocas comisiones investigadoras, eran respetables y respetadas. Probablemente la Comisión Parlamentaria Investigadora del Contrabando que presidí, haya sido la única constituida en más de un siglo de República y con todos los históricos resultados recordados hasta hoy; lo digo aún a riesgo de pecar de inmodestia, pues tampoco es plausible la falsa modestia. Y es que en aquellas épocas no era común pedir su formación, porque había recato y hasta temor de hacerlo, debido a la altísima responsabilidad que suponía, porque integrarla significaba asumir una enorme tarea de gran trascendencia. La formación de una Comisión Parlamentaria Investigadora significaba la notificación de una gran tarea fiscalizadora y de auténticos esclarecimientos, y por tanto, pesaba de manera singular en la opinión pública.
Actualmente, las comisiones investigadoras que se suceden a menudo con tremenda irresponsabilidad, quizá con alguna excepción, sirven para la película, para la ostentación, la algazara, el bullicio, cuando no para el logro de venganzas políticas o de ciertas predisposiciones venales, y en el mejor de los casos con fines publicitarios. Están tan desprestigiadas y más devaluadas que el sol peruano de 1985-90, que carecen de importancia y de repercusión. Nadie las teme y, contrariamente, sirven también, para cohonestar hechos dolosos, porque no otra cosa suponen los permanentes silencios y archivo a los que son sometidas las decenas de comisiones investigadoras, cuya relación de títulos debería aparecer en algún tratado que podría denominarse la “Antología de la Farsa”.
