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“Hagan obras” decía Augusto B. Leguía a sus seguidores, cada vez que le pedían prebendas. El tirano no encontraba un mejor camino para favorecer y enriquecer a sus acólitos y emparentados que el trámite socorrido de las ilícitas comisiones en la ejecución de obras públicas, en las licitaciones y en el encargo a sus apoderados para el logro de empréstitos extranjeros.
Ahora el presidente aprista dice “compren tanques”, después de haberse erigido en el gestor y campeón del desarme y adalid de la paz. Pero no nos debe extrañar su giro de ciento ochenta grados, pues ya es conocida su veleidosa conducta, su marchas y contramarchas, sus contradicciones e indecisiones. Ahora se frotan las manos los que pacientemente esperaron la luz verde para comenzar con el negocio de las armas. Es el momento en que se ponen alertas los vendedores y compradores de armamento, los hábiles traficantes e inventores de guerras, y el carnaval comienza. Hacía tiempo que no existía ese renglón, tan parecido al tráfico de drogas, el negocio en las transacciones sin fiscalización, de tanques, fusiles, aviones, ametralladoras, submarinos, torpedos, municiones, piezas y accesorios. Había una sequía para los ansiosos usufructuarios del llamado secreto de Estado o secreto militar, bajo cuyo concepto o manto protector se han forjado suculentas ilícitas riquezas, mediante las cuales, han pasado a ser ricos y potentados determinados modestos militares incapaces de demostrar qué milagro se ha producido en ellos y cómo hicieron para que habiendo percibido sueldos tan reducidos pasaran a convertirse en miembros de las fuerzas económicas.
El ya conocido secreto militar corresponde a una suerte de sistema con el que se encubren las mayores tropelías, los negocios sucios, la forja de riquezas particulares. Bajo la amenaza de que no se puede ventilar públicamente los llamados secretos de Estado, en el Perú nadie puede asomar las narices para indagar de qué manera son adquiridos los complejos equipos de guerra, ni siquiera los miembros del Congreso tienen acceso a ese terreno inexpugnable, en el que, a decir verdad no se trata de resguardar lo que puede ser asunto reservado para la seguridad nacional sino de ocultar, bajo esa bandera, los latrocinios que se perpetran en nombre de la Nación. Desde el quinquenio de 1985-90 no se han producido mayores adquisiciones de armas de guerra. En aquella crucial y desastrosa administración, el gobierno contaba con unos veinticuatro aviones Mirage, de los que, poco después vendió doce de ellos, de la manera más sospechosa que en su momento fue cuestionada y denunciada. Lastimosamente ahí quedo todo, se echó tierra al problema y la cosa pasó a ser otro capítulo de la impunidad.
Hace un buen tiempo que en el cuerpo de las instituciones armadas se han venido quejando por los bajos sueldos que perciben sus integrantes de todas las jerarquías, así como por la desatención en la provisión de uniformes, combustibles y rancho, entre otras cosas. Desde las altas esferas del gobierno se les ha respondido que son pocas las posibilidades presupuestarias para poder atender sus requerimientos. ¿Acaso no será una manera de que mejoren sus economías por la vía de la libre y descontroladas adquisición de tanques y fusiles? ¿Qué aconteció para que el gobierno peruano haya variado tan espectacularmente en su posición de pacifista y propulsor del armamentismo?
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