El personaje que calificó de ratas a sus compañeros León y Químper, en el llamado “faenón” de las concesiones petroleras de Business Track; el que condenó despiadadamente a su corrupto ministro Allison, hoy preso en Miami; el que lanza dardos por doquier contra los congresistas incursos en actos ilícitos; el que proclama moral descalificando a los delincuentes, contra los que no ejerce ninguna medida efectiva, no repara que él vive bajo un techo de vidrio. Pues aparte de erigirse como una suerte de adalid de la democracia y de la moralidad, no se da cuenta, tampoco, que bien podría ser el actor principal, digno de la sentencia de José Ingenieros, en su famosa y difundida obra “El Hombre Mediocre”
Es el mismo que no ha justificado hasta hoy el origen legítimo de sus millonarias propiedades: el departamento de la Rue de la Tour, en París; la mansión de Chacarilla del Estanque de 840 m2; la casa de Playa de Naplo, y la casa de El Silencio; la necesidad de aclarar las cuentas millonarias en el exterior, a nombre de un tal Mantilla, el que aún no ha sido juzgado por la justicia y no ha deslindado su responsabilidad denunciada en la acusación constitucional de la que fue objeto, de 23 de setiembre de 1991; el que nombró como ministros y los convirtió en sus escuderos a quienes firmaron la citada acusación; el que lleva al premio mayor de la mitomanía y el que es dueño de una gran capacidad para la faramalla.
Es el que ahora, como si fuera poco todo cuando lleva acumulado en su hoja de vida, acopia un nuevo insultante cargo, el de haber cobrado, ilegítimamente, tan pronto como retornó de Colombia y Francia, donde se hallaba prófugo, la suculenta cifra de S/.2´750,735.43, del Congreso de la República, por conceptos realmente vergonzosos: pensiones devengadas, módulo de personal, movilidad y refrigerio de personal de seguridad y combustible, etc., tal como son detallados en el recibo que firmó y que están registrados en la información oficial proporcionada, nada menos que por su propio compañero Luis Alva Castro, presidente del Congreso.
Es el sin par, a no dudarlo, el protagonista de un nuevo escándalo, desde el momento en que, de tan elevada suma, en un país de tanta pobreza, no le correspondía ni un céntimo, por cuanto la ley 26519 de 1995, en su artículo 2º establece, expresamente, que tal privilegio a favor de los ex presidentes constitucionales, quedaba en suspenso, y por tanto no tenían derecho, los ex presidentes contra los que se haya formulado acusaciones constitucionales salvo que la sentencia judicial los declare inocentes, sentencia que jamás existió.
Es el conspicuo mazarrón que tras haberse escondido cerca de diez años en el exterior, se acogió a la prescripción de las acciones judiciales que pesaban sobre él y, por tanto, jamás se sometió al veredicto de la justicia para ser juzgado en la única vía en la que un acriminado puede ser condenado o absuelto de responsabilidad, que no es su caso. Por tanto, aún mantiene una deuda pendiente con la justicia, lo que equivale a que no sólo debe devolver la millonaria suma cobrada sino que debiera responder por la nueva infracción que cometió.
¿Que sus causas prescribieron? Es verdad, pero la prescripción no es juzgamiento, por lo cual si deseare reivindicarse, debiera renunciar a ella en atención al artículo 91º del Código Penal. Y si bien se sostiene que tal prescripción ya ha sido ejecutoriada, sin embargo, ninguna persona puede estar privada de hacer uso de sus derechos fundamentales. La renuncia a la prescripción pueden hacerlo todos los ciudadanos, en cualquier momento. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, mucho más cuando tal derecho no afecta a terceros y sólo favorece a la persona que lo ejercita, en concordancia irrebatible con los Derechos Humanos. Lamentablemente, tal tipo de renuncia sólo lo pueden hacer los hombres de honor.
