En nombre de los Derechos Humanos se perpetran las más innobles y crueles exclusiones y discriminaciones de fatales consecuencias. Qué parecido tan dramático a la sentencia de Madame Rolland “Libertad, cuántos crímenes de cometieron en tu nombre”. Y es que todas las garantías fundamentales a que se refieren los Derechos Humanos, en sociedades decrépitas y decadentes, como la peruana, sólo han pasado a ser patrimonio de los que gozan de poder político y económico, mas no de los desafortunados y desposeídos. El debido proceso referido al tratamiento que deben observar los tribunales en los trámites civiles y penales, los recursos de amparo, habeas hábeas, acciones de inconstitucionalidad, de cumplimiento y otros, constituyen privilegios de los que se hallan en la posibilidad de contratar costosos estudios de abogados y de tener acceso a los estrados judiciales y entidades dirimentes. Para los demás, aquellos derechos son inexistentes, apenas forman parte de los textos escritos bajo formas de códigos y constituciones. Sólo los que gozan de recursos económicos o de buenas relaciones sociales pueden mover palancas para ejercitar acciones en defensa de los derechos del ser humano. Los demás, los olvidados, los sin nombre y sin padrino, que son miles o millones, se pudren en las cárceles donde sufren detenciones, en no pocas veces por delitos que no cometieron o en otros casos porque los jueces se olvidaron de ellos hasta el extremo de que sus reclusiones llegan a sobrepasar el término de una posible o supuesta condena.
Para ellos, en la vía penal, no funciona el debido proceso ni los excesos de carcelería ni las prescripciones ni el habeas corpus ni el amparo, tan sólo los grilletes y la cárcel por tiempo indefinido con todas las demás consecuencias sociales que se extienden y prolongan a sus familiares, a sus hijos menores convertidos en excelentes postulantes a la delincuencia corregida y aumentada. Y en materia civil se dictan sentencias con una facilidad admirable, muchas veces en secreto, para despojar de sus modestos patrimonios a desprevenidas y crédulas familias que confían en contratos amañados y tramitados por especialistas en las estafas “legales”.
Las indemnizaciones, los indultos y las amnistías son sólo privilegios a favor de los que más tienen, de los dueños del poder político y económico o de los que se someten al servilismo abyecto. Aquellos que por el delito de ser pobres y sin apellidos de clase o por razones de la diferencia en el color de la piel, aunque hayan quedado mutilados, huérfanos o muertos no figuran en la lista de los acreedores de los Derechos Humanos. La respuesta oficial es el permanente olvido, talvez, apenas un saludo protocolar e hipócrita y, a veces, una ofrenda que sólo les servirá a los agraviados y deudos de permanente y cruel recuerdo de sus penurias y dramáticos desprecios.
