Héctor Vargas Haya.
Desde que se promulgó el Código Penal de 1991, el Congreso ha realizado decenas de reformas orientadas a viabilizar sanciones contra violadores, homicidas, secuestradores y asaltantes con el fin de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública. Una reciente reforma busca facilitar el procesamiento de atracos callejeros cualquiera sea el monto de lo sustraído porque los actos violentos empleados por los asaltantes revisten gravedad contra la integridad física y la vida de los agraviados. Mas si esta preocupación es plausible, sin embargo persiste la resistencia a eliminar la impunidad de la que gozan los autores de delitos contra la Administración Pública.
Se ha convertido así en un tabú la necesidad de exceptuar del artículo 80º, Título V, del Código Penal, el privilegio de la prescripción de las acciones penales de los autores de delitos en agravio del Estado, así como la de hacer más severas las penas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, concusión y otros, pues, si en verdad los funcionarios que delinquen no ejercitan ningún tipo de violencia, sus actos revisten mayor peligrosidad, por el fácil empleo de las ventajas que les concede el poder político. Sus estragos son inconmensurables porque obligan a postergar sempiternamente la solución de los acumulados problemas sociales. El Perú no es un país pobre, al contrario, es muy rico pero empobrecido por la corrupción y institucionalización de la impunidad con la consecuencia nociva de pérdida de respeto a la autoridad.
Así los asaltantes del Estado gozan del salvoconducto de la prescripción de sus delitos y se saben seguros de que no podrán ser juzgados ni condenados porque les bastará refugiarse en algún escondite, asilarse fuera del país por el tiempo que señala el artículo 80º del Código Penal y luego refugiarse en la prescripción y el consiguiente archivo de la causa. Si existiera una sincera intención de combatir la corrupción y la impunidad no habría ningún temor en declarar la imprescriptibilidad de los delitos citados, tal como sucede con el narcotráfico y los que atentan contra los derechos humanos.
El sistemático temor a dictar medidas contra la corrupción pública no es nuevo. Como precedente probatorio me remito al bloqueado proyecto: “Ley General de Moral Pública Nº. 63, Reg. 0098-85, presentado en la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1985 y que se estrelló con el desdén de una mayoría que lo encarpetó. De eso han transcurrido 24 años y continúa la resistencia. ¿A qué se debe el pánico de eliminar la prescripción para los delitos en agravio del Estado? ¿A quiénes afectará la reforma? ¿Hay acaso la intención de curarse en salud o de preservar la seguridad de los que en un futuro podrían ser juzgados por delito tan nefando que tanto daño ocasiona a la Nación?
Aún cuando ya se han corregido inexplicables privilegios, como los que eliminaban las causales de reincidencia, reiterancia y habitualidad en el delito que, sí se hallaban contemplados en el derogado código de 1924, subsisten subterfugios procesales y en la ejecución penal. Hay excesiva blandura en la concesión de detenciones domiciliarias, condenas suspendidas y benevolencia en la disminución de la carcelería que depende de los vigilantes carcelarios, entre otras cosas. El famoso código penal, herencia del corrupto régimen de Fujimori, ha sido recibido y tratado por los gobiernos sucesivos con increíble tolerancia. No les ha inquietado su tendencia a la lenidad y los privilegios que ofrece a los delincuentes, todo lo cual convierte al Perú en una suerte de paraíso de la delincuencia.
Increíblemente, dicho código, legado de un gobierno cuestionado en materia de buena conducta, fue revisado con religiosidad y acatamiento por una Comisión Oficial de legisladores y juristas, y presidida por un demócrata, tal como consta, al final de la Exposición de Motivos del flamante Código Penal. ¿Acaso continúa vigente la célebre frase sentenciosa de José Hernández en el Martín Fierro: “La ley es trama hermanones que atrapa a los mosquitos pero deja pasar a los moscardones”?
No habrá desarrollo nacional si la corrupción sigue creciendo de manera galopante y si como contraparte se halle ausente la voluntad de realizar las indispensables y profundas reformas, tanto en las leyes penales como en la Constitución. La anarquía encontrará su caldo de cultivo si no se aspira a un real cambio de conducta.
