Si revisamos la historia de la administración de justicia tropezamos con elocuentes lecciones acerca de todo lo que no debiéramos hacer en esta nuestra sociedad decadente. La principal comprobación es, sin duda, que pese al tiempo transcurrido y no obstante la evolución de la tecnología y los portentos que nos han traído los grandes descubrimientos científicos, cada vez se hallan más sólidamente vigentes la exclusión, los privilegios y la discriminación, lacras que no hemos podido superar.
Este penoso comportamiento que desautoriza a la llamada civilización, se nota mucho más nítidamente en el campo de la justicia, siempre ligada al poder político y al económico, que dicho de paso caminan juntos. En este sentido y para graficarlo, la sabiduría popular ha creado la expresión elocuente: “la ley del embudo”, figura que supone reservar la parte ancha a favor de los influyentes y poderosos, y la parte angosta o reducida, para los sin padrino, para los desafortunados y desprovistos de influencias y de poder.
Los ejemplos más claros se hallan vigentes, que duda cabe, en los tribunales de justicia donde los jueces se esmeran en perseguir a los débiles y colocarles a los fuertes el manto piadoso de la tolerancia o del olvido, dando así cabal cumplimiento a la sentencia de José Hernández en el “Martín Fierro”: “La ley es trama hermanones que sólo atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones”.
Que maravilla, comprobar que aquello acontece a menudo cuando con presteza se les suele otorgar la calidad de perseguidos políticos a los ladrones de la Hacienda Pública, a los que se enriquecen ilícitamente con los recursos fiscales aprovechándose de cargos políticos. ora como presidentes de la República, ora como ministros, ora como parlamentarios y en otras funciones de confianza, pero también se les extiende similares beneficios y privilegios a líderes de la gran empresa privada sobre todo si son socios del poder político. A favor de los políticos influyentes y de empresarios lobbistas, expertos en el soborno, el tratamiento es otro, se deja que el tiempo transcurra lo suficiente a fin de declarar la prescripción de sus acciones penales y archivar las causas con el mayor desparpajo. En cambio, es drástica hasta injusta contra los que cargan el peso del infortunio de la carencia de influencias y poder político o económico, contra los que los jueces se esmeran en ser expeditivos en dictarles órdenes de captura a nivel del mundo y sentirse aptos para la servidumbre a la espera de ascensos y canonjías.
El beneficio de las detenciones domiciliarias no es administrado para todos por igual. Las cárceles están repletas de presos sin juzgamiento, que no obstante contar con todas las condiciones para tener acceso a similar trato, se les priva de ese derecho por más que acrediten edad avanzada, estado de salud deteriorada por enfermedades, además de acreditar un largo tiempo de prisión que supera con exceso a la posible condena. Con métodos de tal naturaleza, las cárceles dejan de cumplir sus objetivos de readaptación a la vida social y, contrariamente contribuyen al mayor peligro social de miles de seres en la orfandad, el abandono y el consiguiente resentimiento contra una sociedad decrépita, generalmente causante del germen de una delincuencia que ella misma fabrica.
Y en la eventualidad de reconocer la injusticia de haberse apresado y quitado la libertad a inocentes o a homónimos confundidos por jueces incapaces de esclarecer identidades, jamás se les acuerda el derecho inalienable de las indemnizaciones que establece la ley. En cambio, desde el poder político se tramitan con velocidad impresionante para dictar resoluciones ordenando el pago de suculentas reparaciones o compensaciones millonarias a favor de consorcios o de sus visibles representantes. Los ricos así siguen cada vez más libres y con la seguridad de afianzar aún más sus riquezas. La ley ha sido hecha para aplicarla a todos por igual, pero es administrada sólo para perseguir a los infelices.
Y en otro campo, con el argumento de ejercitar autoridad en beneficio del orden público y la seguridad, el poder político es hábil en aplicar medidas de fuerza, mordaza, toques de queda y suspensión de garantías, que supone encarcelamientos, deportaciones y bala para acallar las voces opacas de los pobres que claman justicia social, educación, salud, trabajo y el mínimo derecho a la supervivencia. En la otra vereda se atiende con rapidez los reclamos del poder económico que pide exoneraciones tributarias, aranceles diminutos, salvaguardias para sus operaciones bursátiles y hasta presupuestos para reflotar Bancos en falencia por obra de los manejos turbios de sus conductores. Las voces de los usufructuarios del poder son sonoras y atendibles, las de los pobres son como campanas de palo.
